DESAHUCIOS.
Lo atípico de este año ha dado cabida a innumerables medidas, la emisión de decretos para establecer pautas e intentar paliar los efectos causados por el Covid-19.
Hemos dejado atrás el estado de alarma finalizando con ello algunas de las medidas, no obstante, en el entendido que aún existen sectores afectados entre estos el colectivo que habita en inmuebles de alquiler, se espera que antes que acabe el 2020, aprueben en Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, un decreto destinado a prohibir los desahucios a las familias que encontrándose en alquiler con dificultades para asumir los pagos de la cuota no tengan más opciones habitacionales.
El Decreto posiblemente incluya una compensación económica para los propietarios afectados que será semejante a la renta promedio de acuerdo a la zona donde esté la vivienda inmovilizada por más de tres meses, tiempo en el que los encargados de los Servicios Sociales de esa zona deben encontrar una opción de vivienda digna para los involucrados.
Será fundamental que se decrete y deje constancia en un informe emitido por los Servicios Sociales de las comunidades autónomas, sobre la condición de vulnerabilidad de la familia, siendo este uno de los principales elementos a evaluar por el Juzgado al que corresponda ordenar o desestimar el desahucio. Entre otras de las medidas existe una pequeña probabilidad que se incluya la prohibición del corte de suministros básicos, aunque todavía no está previsto.
La imposibilidad actual de desahucios de personas en estado de vulnerabilidad finaliza el 31 de enero de 2021 y protege únicamente a los hogares afectados por las consecuencias del Covid-19, por ello se espera que antes de esa fecha ya esté aprobado el nuevo decreto que tendrá vigencia hasta el 9 de mayo del próximo año.
De acuerdo a la normativa en vigor no están permitidos los desahucios a familias en estado de crisis económica, bien sea afectadas por Erte o cualquier otra circunstancia que represente una desmejora significativa en el conjunto del ingreso familiar siempre que la situación guarde relación con los efectos producidos por el coronavirus, a diferencia del futuro Decreto que contemplaría cualquier situación de desmejora económica para los arrendatarios vinculada o no al COVID-19.
Hay que seguir de cerca el tema que ha provocado diversos matices de opiniones y desencuentros entre los factores políticos y económicos del país, en espera de la publicación del comentado Decreto para los próximos días.
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